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Documento de Historia Nº 091. 20 de mayo de 2008


Por Felipe Portales

A 100 años de la Masacre de
Santa María de Iquique (1907)

(Revista Punto Final Año XLII Nº 654 del 21 de diciembre de 2007 al 10 de enero de 2008)

 


Cien años han pasado del crimen cometido en Iquique el 21 de diciembre de 1907.


Un caso extremo
de autoritarismo oligárquico
Santa María de Iquique


La matanza en la Escuela Santa María de Iquique constituye la más mortífera manifestación represiva de la oligarquía chilena durante el siglo XX, anterior al golpe de Estado de 1973 y la dictadura subsiguiente. Su génesis y justificación se entiende -así como el del genocidio mapuche efectuado en el siglo XIX- en los marcos de la profunda subvaloración que la clase alta chilena ha tenido siempre respecto de los sectores populares.

Específicamente, aquella matanza representa la culminación de la ola represiva desencadenada contra un movimiento obrero de creciente envergadura y movilización, en la primera década del siglo XX. Así, Iquique en 1907, está precedida por las matanzas de Valparaíso (1903), Santiago (1905) y Antofagasta (1906). Además de su magnitud (las más diversas fuentes coinciden en situar el número de asesinados en cerca de 2.000), la masacre de Iquique resalta por la moderación de las demandas de los mineros; por el engaño utilizado inicialmente por las autoridades para derrotar el movimiento, y por el total desparpajo oligárquico en la justificación del holocausto.


MODERACION DE LAS DEMANDAS


Las peticiones de los mineros que acceden masivamente a Iquique a mediados de diciembre de 1907 no pudieron ser más modestas y razonables. Su pliego único consistió en lo siguiente: “1) Que se pagaran los salarios según cambio fijo de 18 peniques; 2) Que existiese libre comercio en las oficinas (o sea, terminar con el monopolio de la pulpería patronal); 3) Que las ‘fichas’ se recibiesen siempre a la par (del dinero), es decir, sin descuento sobre su valor teórico; 4) Que obligatoriamente los empleadores cerrasen con rejas las maquinarias peligrosas, v.gr. los ‘cachuchos’; 5) Que la pulpería tuviese balanza y vara controladas; 6) Que el despido se hiciera previo a un desahucio, o indemnización equivalente, de dos semanas; 7) Que cada oficina diese gratis un local para escuela nocturna; 8) Que el caliche rechazado por el ‘corrector’ no se aprovechara después sin cancelarlo a quien lo hubiese extraído y 9) Que no se tomaran represalias”. (Gonzalo Vial, Historia de Chile; Zig-Zag, 1996, Volumen I, Tomo II, p. 900).

En definitiva, aquellas demandas apuntaban a cosas tan elementales como impedir que la creciente inflación les disminuyera drásticamente sus salarios; establecer condiciones de seguridad mínimas en un oficio tremendamente peligroso; terminar con un conjunto de abusos e irregularidades evidentes y obtener alguna posibilidad de educación, en lugares inhóspitos que no contaban con ningún servicio público.

Además, la forma como llevaron adelante el movimiento fue notablemente pacífica y responsable, considerando que fueron varios miles de trabajadores mineros con sus familias los que se aglomeraron en Iquique. En la semana que estuvieron no causaron ningún daño a personas o bienes públicos ni privados.

Por último, durante las negociaciones demostraron gran flexibilidad. En primer lugar, estuvieron dispuestos a un arbitraje (efectuado por un representante por parte, y un tercero nombrado de común acuerdo), al que no accedieron los empleadores. Luego, aceptaron también un aumento de salarios de un 60 por ciento durante un mes, mientras patrones y obreros examinaban el petitorio. Ambas soluciones llevaban anexo el inmediato regreso a la pampa y el reinicio del trabajo. Ambas fueron, además, proposiciones gubernativas. Incluso, el presidente Montt ofreció que el Estado pagara la mitad del aumento. Sin embargo, los patrones no cedieron ni un milímetro. Sólo estudiarían un eventual acuerdo luego que los trabajadores retornaran a la pampa y reanudaran las labores. (Ver Vial, op. cit.; p.902).

Incluso, durante la hora del ultimátum (14:30 a 15:30 hrs. del sábado 21), antes de comenzar la masacre, los mineros le plantearon, por último, al general Roberto Silva Renard, su voluntad de volver al sur o emigrar a Argentina antes que regresar a la pampa. (Ver Eduardo Devés, Los que van a morir te saludan. Historia de una masacre: Escuela Santa María de Iquique, 1907; Edic. LOM, 1997, pp. 174-5).


TENTATIVAS DE ENGAÑO A LOS TRABAJADORES


Las tentativas de engaño -demostrativas de la subvaloración, desprecio y mala voluntad oligárquicos- comenzaron desde que los mineros llegaron a Iquique, el domingo 15 de diciembre. Así, el gobierno regional les planteó oficialmente a un gran número de gente reunida que volvieran a la pampa, mientras los patrones se comprometían en ocho días (“necesarios para consultar a sus jefes en Londres y Alemania”) a dar una respuesta a sus demandas y “si ésta es desfavorable a los trabajadores, éstos quedan en pleno derecho para abandonar sus faenas”. (Devés, op. cit.; p.74).

Esta proposición fue leída por un representante de los obreros a los huelguistas. Como la reacción inicial de los mineros fue negativa, el connotado abogado Antonio Viera-Gallo intentó con halagos y engaños revertir la decisión: “Vosotros soldados de acero, que habéis cruzado infatigables y serenos las candentes arenas de esa pampa que se dilata en el horizonte, vosotros que habéis delegado en vuestro comité directivo todas vuestras atribuciones, tenéis el deber de acatar esa resolución, pues dicho comité ya la aprobó y a vosotros os toca obedecer y callar”. Inmediatamente salió a la palestra un joven obrero que había leído las bases propuestas y dijo: “El señor Viera-Gallo está equivocado. El comité no ha aceptado tales bases. Lo que ha hecho es recibirlas y presentarlas a vosotros para que acordéis su aceptación o rechazo. ‘Las rechazamos’ fue la frase con que se contestó a este desmentido”. (Devés, op. cit.; pp. 74-5).

Posteriormente, el intendente subrogante, Julio Guzmán, logró más éxito con los trabajadores, al señalarles: “Podéis iros tranquilos a vuestras faenas que yo, como la primera autoridad, os prometo que vuestras peticiones serán aceptadas. Pero se necesita el plazo de 8 días pedidos por los señores salitreros para dar su contestación. En el caso que no os sean aceptadas vuestras proposiciones, podéis estar seguros que después de ese plazo el intendente de la provincia os pondrá trenes en todas las estaciones para que bajéis a Iquique”. (Devés, op. cit.; p.75). Aquellos aceptaron volver confiando en su palabra; pero dado que “sólo les pusieron carros planos y como el viaje se efectuaría de noche, en carros sin abrigo ni seguridad, los obreros temieron con razón que algunos de ellos pudieran caerse en el trayecto... No habiendo sido posible obtener otra clase de vehículos, resolvieron no embarcarse y esperar aquí en Iquique, la contestación de los salitreros”. (Devés, op. cit.; p.76).

Mientras ya se preparaba la represión, Guzmán trató otra vez de engañar a los trabajadores el martes 17 en la tarde, “recomendándoles nuevamente el mayor orden, que es el mejor medio de obtener el triunfo de cualquier causa justa y les aseguró que el gobierno se ocupaba activamente por el asunto” y “que si las cosas no se habían arreglado todavía de una manera satisfactoria esperaba dentro de poco arribar a un arreglo favorable a las clases trabajadoras”, ya que pronto llegaría el intendente (Carlos) Eastman, y que “era evidente que el pueblo encontraría en él un seguro defensor de sus derechos”. (Devés, op. cit.; p. 99).

Por último, el intendente Eastman invitó al directorio central de los mineros a reunirse con él, el sábado 21 en la mañana. Pero su finalidad era tomarlos presos, pues ya tenía en su escritorio un cable del ministro del Interior que decía: “Sería muy conveniente aprehender cabecillas, trasladándolos buques de guerra” (Vial, op. cit.; p. 904). Los dirigentes no cayeron en la celada, señalándole que ellos recibirían a los emisarios del intendente o que continuarían negociando a través de intercambio de notas.


JUSTIFICACION OLIGARQUICA DE LA MASACRE


La matanza en la Escuela Santa María de Iquique, tanto por el número de muertos, por el completo pacifismo de los asesinados y por la brevedad del tiempo utilizado para la masacre, puede considerarse sin exageración como la peor matanza de la humanidad en tiempos de paz. Por esto, la complicidad demostrada por la generalidad de la oligarquía respecto de ella no puede ser más escandalosa y sobrecogedora. De partida la cifra “oficial” de muertos llegó a 140. Nunca se hizo una investigación de ella, por ninguno de los tres poderes del Estado. Y se encarceló y procesó a varios de los dirigentes mineros sobrevivientes, algunos de los cuales alcanzaron a estar varios años presos.

La prensa oligárquica la justificó plenamente. Así, El Mercurio, editorialmente señalaba que “es muy sensible que haya sido preciso recurrir a la fuerza para evitar la perturbación del orden público y restablecer la normalidad, y mucho más todavía que el empleo de esa fuerza haya costado la vida a numerosos individuos... el Ejecutivo no ha podido hacer otra cosa, dentro de sus obligaciones más elementales, que dar instrucciones para que el orden público fuera mantenido a cualquiera costa, a fin de que las vidas y propiedades de los habitantes de Iquique, nacionales y extranjeros, estuvieran perfectamente garantidas. Esto es tan elemental que apenas se comprende que haya gentes que discutan el punto...” (El Mercurio, 28-12-1907). Poco después, frente a una amenaza de huelga general destinada -entre otras cosas- a “obtener del poder público la separación y castigo del general Silva Renard y del intendente de Tarapacá”, El Mercurio decía: “¿Cómo podría el gobierno acceder a un castigo de funcionarios que han cumplido su deber?”. (El Mercurio, 4-1-1908).

Por su parte, El Diario Ilustrado, luego de lamentar las muertes producidas, indicaba: “Es lógico suponer que si tan dolorosas medidas se vieron obligadas a tomar (las autoridades civiles y militares de Iquique), no quedaba otro arbitrio para el mantenimiento del orden público, obligación primordial de los gobiernos en las comunidades civilizadas. Y si así fueran las cosas, como lo creemos, sofocando las inclinaciones de la piedad, debemos convenir una vez más en que el orden público debe ser mantenido con cualesquiera sacrificios” (26-12-1907).

Incluso el diario El Chileno (el de mayor circulación de la época), que informaba favorablemente sobre las peticiones de los huelguistas del norte, señalaba que “la autoridad militar cumplió su tristísima misión” (El Chileno, 26-12-1907); y cuestionaba a los cuatro parlamentarios que condenaron la matanza (los demócratas Malaquías Concha y Bonifacio Veas; el radical Daniel Espejo y el liberal Arturo Alessandri Palma): “A más de estériles, esas recriminaciones son injustas y egoístas. Los que demuestran indignarse más por lo ocurrido en Iquique, debieran preguntarse con el corazón en la mano qué han hecho ellos por remediar la situación de los trabajadores” (El Chileno, 27-12-1907).

El debate parlamentario reflejó también la plena complicidad de la generalidad de la oligarquía. De este modo, el ministro del Interior, el nacional Rafael Sotomayor, no sólo la justificó como “inevitable para cumplir el deber de mantener el orden y de dar garantías a las vidas y a las personas” (Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados, 30-12-1907), sino que además hizo un encendido elogio de sus autores, frente a las duras críticas de esos pocos parlamentarios: “¿A qué conducen, pues, las expresiones ofensivas contra las autoridades que libertaron al pueblo de Iquique de los desmanes de turbas inconscientes contra la propiedad y la vida de los ciudadanos?... Ellos, impidiendo ese movimiento subversivo, han salvado al país de una vergüenza y de futuras complicaciones internacionales...el instinto de conservación social (de los diputados críticos) debería inducirlos y elogiar y aplaudir su conducta, como un estímulo y un ejemplo digno de imitarse por parte de aquellos a quienes la sociedad ha confiado la defensa de su vida e intereses” (Boletín de Sesiones de la Cámara de Diputados, 2-1-1908).


CINISMO DERECHISTA


La más cínica de las intervenciones fue la del destacado dirigente liberal Luis Izquierdo, quien señaló que los oficiales que habían ordenado la matanza “han cumplido su deber, el más amargo, el más cruel de los deberes que pueden corresponder a hombres de corazón y de honor. Y mientras no se nos pruebe -lo que no se nos probará- que ha habido de su parte imprudencia, impremeditación, arranques de cólera, algo que revele el abandono de la calma y la serenidad, propias de la hora, debemos inclinarnos con respeto delante de ellos” (Boletín de la Cámara, 4-1-1908) ¡Es decir, Izquierdo admiró la frialdad y premeditación con que se hizo la matanza!

La inmensa mayoría de la Cámara evitó posteriormente que se votara siquiera la interpelación al ministro del Interior presentada por los diputados Alessandri, Concha y Veas. Cada vez que se veía el tema, los diputados dejaban sin quórum el hemiciclo. El diputado Izquierdo llegó al extremo de plantear el 6 de febrero que “concluyamos de una vez con este asunto (de Iquique) que está demasiado fiambre” (Boletín de la Cámara, 6-2-1908).

Es importante destacar que esta actitud de completa inmoralidad oligárquica no fue en lo más mínimo remecida por la indignada denuncia de Malaquías Concha, quien estuvo en Iquique poco después del 21 de diciembre. Planteó que “sobre diez mil obreros inermes se disparó con ametralladoras, no por el espacio de treinta segundos, como dice el parte, sino que esta espantosa carnicería ¡duró por lo menos tres minutos! ¡Se formaron montañas de cadáveres que llegaban hasta el techo de la Escuela Santa María! ¡Horrorícese la Cámara!”. Los sucesos de Iquique “son un estigma de vergüenza y oprobio para nuestra patria; acontecimientos que pasarán a la historia en condiciones más ominosas que las legendarias matanzas de los primeros cristianos, que el legendario incendio de Roma atribuido a Nerón, que la matanza de San Bartolomé atribuida a los católicos contra los protestantes... que las matanzas que hoy mismo se llevan a cabo en Turquía contra los cristianos, en Rusia contra los judíos...” (Boletín de la Cámara, 30-12-1907).

Cabe resaltar, finalmente, que el diputado liberal-democrático Enrique Zañartu Prieto, en julio de 1908, señaló que “respecto de los sucesos de Iquique, que todos lamentamos, los diputados que deliberamos en esta Cámara debemos trabajar porque más bien caiga sobre aquellos acontecimientos el manto del olvido, evitando de ese modo que se fomente la división de clases” (Devés, op. cit.; p. 11). Y cayó dicho manto hasta que a comienzos de los 70 fueron recobrados por la memoria popular, especialmente gracias a la Cantata Santa María de Iquique de Luis Advis, interpretada por Quilapayún.


CONCLUSION


Desgraciadamente, la clase alta chilena no ha modificado en absoluto su subvaloración y desprecio a los sectores populares. Durante el siglo XX, dicha actitud se reflejó en la aprobación y justificación de todas las subsiguientes masacres efectuadas por agentes de la autoridad: Puerto Natales (1919), Punta Arenas (1920), San Gregorio (1921), La Coruña (1925), Vallenar (1931), Ranquil (1934), Seguro Obrero (1938), Plaza Bulnes (1946), Santiago (1957), José María Caro (1962), El Salvador (1966) y Puerto Montt (1969). Y tuvo su culminación en el apoyo y la complicidad con el terrorismo de Estado desarrollado por la dictadura de Pinochet. Complicidad que se manifiesta hasta el día de hoy en la tenaz negativa de la derecha a aceptar la anulación del aberrante decreto-ley de autoamnistía, que pretende dejar sin sanción los miles de crímenes contra la humanidad cometidos por la dictadura entre 1973 y 1978.





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