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Documento de Historia Nº 070. 04 de mayo de 2004


Por Eduardo Segovia

Caso COVEMA(1980)

El juego del comprahuevos

(Revista APSI, Nº 135, 24 de enero al 6 de febrero de 1984. Pág. 9 a 11)

 


Eduardo Jara, víctima del COVEMA (Comando de Vengadores de Mártires). Secuestrado y asesinado en agosto de 1980.


Aunque la opinión pública poco recuerda el caso mismo, sus protagonistas y las actuaciones de personajes connotados, a los cuatro abogados querellantes se les acabó la paciencia. Para que haya algún viso de seriedad en esta causa, han decidido evacuar un informe y presentar la petición a los tribunales de justicia, con el fin de que el ministro en visita, Alberto Echavarría Lorca, dé lugar a un juez que tenga como finalidad buscar la verdad; que no se contente con el aspecto formal y que busque con los abogados a los cada vez más seguros integrantes del Covema. Porque, partiendo por el gobierno -que descubrió a los "vengadores" (en un principio eran 32)-, pasando por los tribunales y los organismos de seguridad, Carabineros e Investigaciones, nadie conoce a ningún integrante de dicho "Comando". Los funcionarios de la policía civil encargados reos, lo están por detención ilegal de Nancy Ascueta. ¿Qué pasa entonces?


Cuando han pasado tres años y medio de los hechos, resulta que ya no hay generales que conduzcan las pesquisas. No hay declaraciones a la prensa. No existen detenciones de los 32 acusados de ser integrantes de un comando. Incluso surge la pregunta: ¿qué Covema? Sólo la muerte de Eduardo Jara señala que si existió.


Los Hechos


El 23 de julio de 1980 fueron detenidos, mientras viajaban en un colectivo del recorrido ''Los Leones", los estudiantes de periodismo de la Universidad Católica, José Eduardo Jara y Cecilia Alzamora; tres días más tarde, Gonzalo Romero; el día 28, Nancy Ascueta y Juan Capra; posteriormente, el 30, fueron aprehendidos Guillermo Hormazábal y Mario Romero, ambos periodistas... La madrugada del día 2 de Agosto fue liberado Jara, el que -sin embargo- murió a raíz de las torturas. Los hechos se precipitan: hubo conmoción pública. El Gobierno presentó un requerimiento para dar su apoyo a las investigaciones de los tribunales. Carabineros impartió órdenes terminantes a todos los funcionarios de exigir credenciales a los civiles que sorprendieran haciendo detenciones.


Cerca de las 14 horas del día 11 de Agosto de 1980, el Gobierno, celoso de su papel de "resguardo ciudadano", emitió un comunicado oficial. En ese documento se sostiene que la CNI informó que "de los antecedentes y testimonios que obran en su poder, obtenidos conjuntamente con Carabineros, llegan a la conclusión de que algunos funcionarios de Investigaciones, actuando al margen de toda legalidad y contraviniendo expresas instrucciones del Gobierno, tendrían responsabilidad en estos hechos...".


Al día siguiente presentó su renuncia el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza. Al ser consultado su reemplazante en el cargo, el general Fernando Paredes, sobre la existencia del Covema, dijo a un vespertino de la capital: "es un grupúsculo muy pequeño, cuya actuación no afecta a la moral ni a la eficiencia de Investigaciones". Luego agregó: "No hay jefes implicados".


En Agosto de 1982, se encontraban encargados reos dos jefes de Investigaciones por un delito que nada tiene que ver con los secuestros, derivado, más que nada, de un acto presuntamente lícito como seria una detención por orden judicial. Ha transcurrido un año y medio, y ahora son ocho los funcionarios de Investigaciones encargados reos por el mismo delito: detención ilegal y apremios ilegítimos contra Nancy Ascueta. Sin embargo, no hay detenidos por pertenecer al Covema que, según consta en el proceso, se encontraba perfectamente organizado y estaba relacionado con organismos policiales.


Es decir, en el transcurso del proceso los hechos se enredan cada día más en vez de aclararse. "Esto es gravísimo", a juicio de Luis Hermosilla -abogado que representa a una de las personas secuestradas-: "aquí, en vez de organismos que debieran ayudar a encontrar la verdad, nos encontramos con que estos organismos tienden una cortina de humo, impidiendo que se avance en las diligencias, entorpeciendo, confundiendo, logrando sus propósitos de desorientar..."


El juicio de Luis Hermosilla se une al de otros tres abogados que desde Agosto de 1980 han visto frustrados sus esfuerzos de dar un golpe de timón en la conducción del proceso dada la ninguna colaboración del ministro de la causa Alberto Echavarría Lorca. En Agosto de 1982 se señala lo siguiente en un recurso de queja presentado en la Corte de Apelaciones contra el ministro Echavarría Lorca:


"En la mayor parte de los procesos en que están en juego intereses del Gobierno o de la autoridad, es posible notar un constante avance en las investigaciones y no resulta tan difícil encontrar a los responsables de los delitos. Así sucede, por ejemplo, en procesos como el atentado contra el presidente de la Corte Suprema. Sin embargo, en este caso del Covema, pese a que el Gobierno ha manifestado su interés en aclarar los hechos; pese a que se supone que todos los servicios han actuado en la investigación; pese a que hubo un sumario dirigido por un señor general; pese a que la autoridad sostuvo, más allá de toda duda, la responsabilidad de personas determinadas que trabajaban en un servicio policial; pese a que altos funcionarios policiales debieron renunciar a raíz de estas imputaciones; pese a que se hubo detenido a quienes se señaló, por parte de personas presuntamente responsables, como culpables de la autoría de los delitos de secuestro, detención ilícita, torturas y muerte; pese a que la CNI sostuvo que sabía muchas cosas en relación con los secuestros e hizo imputaciones directas; pese a que existen los testimonios de personas que sufrieron la acción del Comando o grupo de secuestradores; pese a que hay un muerto; pese a que hay esto y mucho más, todos los autores de tan graves delitos están en libertad. No hay responsables acreditados y nada indica que el juez de la causa esté pronto a detener a alguien... Es curioso, por decirlo suavemente, que pese a lo mucho avanzado, la investigación de dos años no haya conducido a nada sólido. Toda la investigación del señor magistrado no ha servido para determinar nada coherente que le permita avanzar en el camino de la verdad..."


Es por todo esto que los abogados comenzaron a redactar un escrito fundamentado con cada paso de la investigación, que demuestra -como lo dijo el abogado Jaime Hales- que "el ministro, señor Echavarria, no está en condiciones de continuar en la conducción del proceso". Añadió el abogado de Cecilia Alzamora: "Digo esto, porque la forma en que él ha realizado las diligencias ordenadas por la sexta sala de la Corte de Apelaciones, hace un año y medio, no es eficaz para obtener el resultado querido. Por el contrario, cumple formalmente con lo que se ha ordenado, pero no intenta buscar la verdad. Y doy un ejemplo. Se le ordenó al señor ministro que identificara a una mujer de edad, a quien sus captores, los del Covema, llamaban "la abuela". Esta era una detenida que, a su vez, era vecina de la madre de María Isabel Ortega, una militante del MIR que está prófuga... Tanto Cecilia Alzamora como Nancy Ascueta estuvieron en el mismo lugar que la anciana".


El ministro Echavarria llama a Nancy Ascueta y le pregunta: ¿conoce usted a la abuela? Responde la secretaria: No. Insiste el ministro: ¿sabe usted su nombre? No, dice Ascueta; ¿sabe su domicilio?, vuelve a preguntar el magistrado. No, responde la interrogada. Luego el ministro llama a Cecilia Alzamora y le formula las mismas preguntas y con eso da por finalizada la diligencia. Es decir -agrega Jaime Hales- no hace ningún esfuerzo por ubicar a ese personaje... Cuando se le pide que identifique a los funcionarios de la CNI que concurrieron a declarar con nombres y domicilios falsos, simplemente envía un oficio al director de la CNI quien le responde que no va a dar los nombres; y el ministro Echavarría -agrega el abogado Hales- se queda tranquilo.


APSI consultó al abogado Jaime Hales sobre el hecho que, hasta el momento, el crimen de Eduardo Jara siga en la impunidad y que de los 32 funcionarios de Investigaciones sindicados como integrantes del Covema, ninguno esté encargado reo como partícipe del grupo paramilitar. Hales respondió: "Estamos frente a una gran chacota organizada por Sergio Fernández. Porque esto es como el viejo cuento del comprahuevos. ¿De dónde aparece que los integrantes del Covema son funcionarios de Investigaciones? De un informe de la CNI; ¿y de dónde proviene el informe de la CNI? Fue el resultado de una reunión que hubo entre Alegría, Baeza y Odlanier Mena, dirigida por Gordon, en la que éste actuaba como coordinador. ¿Y de dónde salen esas informaciones que tiene la CNI? De lo que dice Cecilia Alzamora. ¿Y qué más investigó la CNI para llegar a esta conclusión? Bueno, se basó en el informe del general Carlos Morales. Y se le consulta al general Morales: ¿Dónde está su expediente? Y responde: se lo entregué al ministro del Interior. Se le pregunta al ministro Fernández, entonces: ¿dónde está el expediente? Y éste responde: se lo envié al ministro Echavarria; y el ministro Echavarría dice: pero este informe no está completo. Y mirándolo bien no está completo. Se le vuelve a decir al general Morales: pero usted interrogó a mucha más gente. Si -responde-, pero no me acuerdo quiénes son porque le entregué todo al ministro Fernández. Y el ministro Fernández dice: no, el general Morales no me ha entregado nada más. Entonces vuelve la pelota a la CNI: ¿de dónde sacaron ustedes los datos? ¿Quién redactó el informe? Yo redacté el informe, dice Gordon. Y sabemos -continúa diciendo Jaime Hales- que Gordon no redactó el informe porque entonces no era de la CNI. Estamos, pues, frente a un plato de tallarines armado por los mismos que debieran ayudar a desenredar la madeja".


Diligencias Imprescindibles


Según los abogados, hay un cúmulo de diligencias mínimas que de cumplirse exhaustivamente darían una luz a este oscuro laberinto que no ha sido iluminado por tres años y medio.


Diligencia uno: para Jaime Hales, Luis Hermosilla y Álvaro Varela, abogados querellantes, lo primero que hay que hacer es cambiar al ministro. Ha demostrado que con él no se puede llegar a un esclarecimiento. Esto, porque son los mismos abogados quienes han logrado esclarecer lo poco de la investigación. Porque la propia Corte de Apelaciones le ordenó una serie de diligencias a efectuar. Ninguna tuvo resultado. Porque pese a tener encargados reos a ocho funcionarios de Investigaciones, aduce que dicha decisión la adoptó porque la Corte lo pidió. Pese a ello, la Corte debe ordenarle que, como mínimo, fundamente las encargatorias de reos de todos. No se puede determinar un auto de reo sin decir en qué se basó para decidir.


Diligencia dos: identificar a la mujer de edad que permaneció detenida con Nancy Ascueta y Cecilia Alzamora, a quien se conocía como la "abuela".


Diligencia tres: determinar la vinculación de Miryam Pincheira, funcionaria de Investigaciones.


Diligencia cuatro: determinar la verdadera identidad de los funcionarios de la CNI que han declarado con carnets y domicilios falsos.


Diligencia cinco: conocer la verdad de lo que investigó el general Carlos Morales.


Diligencia seis: ¿por qué Sergio Fernández dijo lo que dijo?


Diligencia siete: la verdad de quiénes fueron los aprehensores de Guillermo Hormazábal y qué pasó durante su detención.


APSI le consultó al abogado Jaime Hales, quien alegó ante los ministros de la Corte de Apelaciones pidiendo una mayor investigación: ¿qué se ha logrado establecer entonces en el proceso? Hales dijo:


"Se ha logrado establecer que la CNI miente, que está vinculada al caso; que Investigaciones está vinculado al Covema y que no hay vuelta que darle; se ha logrado establecer que Jara murió por torturas. Se ha logrado identificar a personas que participaron o intervinieron en las detenciones. Si no con sus nombres, si con su aspecto físico, con sus rostros: ese señor que se presenta como Eduardo Campos Araya, pero que no es tal. Pero lo más importante que se ha logrado establecer es quiénes son los que mienten. Y quiénes son los que ocultan la verdad, y quiénes la niegan. Tomando esos hilos -añade Jaime Hales-, a partir de esta mentira establecida, nosotros podemos construir la verdad.



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