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Revista Espartako.cl

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Documento de Historia Nº 069. 10 de mayo de 2004


(El Sur, Concepción: Ex Talleres "El Sur", 1932)

El Plan Lagarrigue (Junio de 1932)

PROGRAMA DE ACCIÓN ECONÓMICA INMEDIATA DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA

 


El Proyecto económico de la Rep. Socialista(1)


Alfredo Lagarrigue, fue ministro de Hacienda de la Junta de Gobierno que instituyó en Chile la República Socialista y que durante 12 días se encargó de mejorar las condiciones sociales de los sectores desplazados de la sociedad chilena. De tendencia socialista, Lagarrigue, elaboró un Plan de acción económica inmediata en pro de conducir al país hacía el socialismo.

Durante la evolución capitalista del Occidente nuestro país se ha ido transformando cada vez más, en una colonia económica, explotada en comandita, a la cual se la ha mantenido dentro de un régimen de libertad política más aparente que real.

Los Gobiernos, cualquiera que hayan sido sus orígenes, se han visto en la imposibilidad de pensar siquiera en dirigir la economía; sea los poderes exteriores, sea por la venalidad con que miserablemente se ha logrado envenenar la lealtad ciudadana.

Es posible señalar en nuestra historia el momento en que la gestión económica, honrada y valiente del Gobierno se transformó en tímida y torpe; propia de la falsedad real de decisiones que, siendo sugeridas y aceptadas fuera de nuestra patria, llevaban ocultas las verdaderas intenciones.

Se ha desarrollado así un pesimismo en nuestro carácter, que ha paralizado nuestro desenvolvimiento hasta tal extremo, como lo demuestra el comercio exterior, que la producción exportable, realmente nacional, es inferior hoy día a la registrada hace sesenta años. Todo ha sido entregado sistemáticamente al extranjero.

A consecuencia de esta política, la administración del crédito, el ejercicio del comercio interno y externo y el control de los salarios y del mercado de los brazos se han escapado de nuestras manos.

Hemos visto a los gobiernos y a los particulares recurrir constantemente al crédito exterior para movilizar la riqueza nacional, aún se ha recurrido a él en aquellos casos en que los artículos importados representaban una parte insignificante de las inversiones.

Por su parte, las casas comerciales extranjeras han llegado ha monopolizar nuestro comercio externo, el de exportación e importación está exclusivamente en sus manos.

Finalmente, empresas extranjeras tienen en su poder toda la industria pesada de producción de materias primas y una gran parte de los servicios públicos.

Las funestas consecuencias de semejante política son claras:

La influencia desordenada de los créditos contra el exterior ha permitido, por una parte, a las casas y a las empresas extranjeras hacer efectivas en el exterior las pingues ganancias que obtenían en el interior y, por la otra, ha transformado nuestro país en un gran comprador de artículos superfluos y de lujo, ya que no es posible importar los créditos sino las mercaderías. Esta última circunstancia nos ha sido especialmente funesta para la economía y para el orden social, pues ha fomentado una vana prodigalidad en nuestra clase capitalista y un doloroso pauperismo en nuestra clase proletaria.

El monopolio del comercio por las cosas extranjeras las ha llevado a ser los árbitros de los precios en nuestro mercado, arma que han sabido esgrimir para esquilmar a los productores y esclavizar a los consumidores.

La entrega a empresas extranjeras de toda nuestra industria pesada y de gran parte de los servicios públicos ha puesto en sus manos el control de los salarios, el mercado de los brazos y el valor de la moneda.

Nuestra clase privilegiada ha vivido embriagada con los lujos y la molicie que le proporcionaba el capitalismo extranjero a cambio de nuestras riquezas naturales y de la miseria del pueblo. Por eso en la advenediza burguesía de Chile, más que en ningún país que se diga libre, se ha evidenciado un mayor respeto por todo lo que es nacional.

Ahora, cuando el empuje del capitalismo extranjero se encuentra casi detenido por la crisis mundial, el país despierta y se da cuenta de la terrible realidad. Semejamos al campamento de una mina cuya explotación haya sido paralizada por sus dueños. La cesantía no es individual, la cesantía es del país entero.

Ante esta situación, se hace necesario actuar en la forma más enérgica y decidida si se quiere evitar una muerte próxima.

La opinión debe meditar profundamente sobre la verdadera situación del país y así se convencerá de que en Chile, más que en ninguna parte, es imposible seguir manteniendo gobiernos que se inspiren en los principios del liberalismo económico.

En realidad, tales principios no son sino la careta doctrinaria que ha sido utilizada para entregar al capitalismo extranjero el control de nuestra eficiencia productora y el de nuestra capacidad consumidora.

Es de la gravedad misma del mal de donde ha de surgir el remedio que librará definitivamente al pueblo chileno de la explotación irritante del capitalismo internacional.

Pero el remedio debe ir más allá, debe liberarlo también de la explotación vergonzosa del capitalismo nacional al servicio del extranjero.

Es preciso reconocer que la incapacidad manifestada por los sucesivos gobiernos para resolver los problemas, tiene su origen en la pretensión de mantener el principio del liberalismo económico que sostiene la independencia de los individuos en las gestiones correspondientes. Los defensores de semejante teoría mistifican la opinión declamando que la organización social debe ser tal que todos tengan iguales posibilidades y afirmando que en ello estriban la justicia y equidad.

Por el contrario, esa doctrina, aplicada al orden material, es la más injusta desde el punto de vista social y la más inmoral desde el punto de vista humano.

En realidad, el único resultado que, en el hecho, ha producido el régimen liberal, consiste en que, haciendo posible que los más poderosos esclavicen a los débiles, modestos y humildes, ha asegurado la desigualdad entre los hombres.

El oficio de los gobiernos políticos ha quedado reducido al de simples espectadores del desconcierto económico, cuando no el de cómplice del Imperialismo Capitalista. La verdadera doctrina gubernativa debe consistir en dar mayores posibilidades materiales a los más débiles y en limitar la ambición de los más fuertes.

Si la doctrina del liberalismo económico, por ser individualista, desconoce el principio fundamental de toda sociedad, la doctrina del colectivismo económico, por ser socialista, debe basarse justamente en él.

Dicho principio establece que toda sociedad se organiza precisamente para impedir que los más fuertes destruyan a los más débiles. Desde la sociedad doméstica hasta las asociaciones internacionales tienen por objeto inmediato oponer al empuje desenfrenado de los egoísmos individuales o colectivos un poder capaz de resistirlos evitando las funestas consecuencias de las luchas entre los hombres.

Los economistas liberales pretenden dar un carácter positivo a su punto de vista, afirmando que en la lucha económica triunfarán los más aptos y que este triunfo sistemático de los mejores producirá, por selección natural, el progreso de la especie, y creen que al defender esto se está apoyando en Darwin y en Lamarck.

Profundo error que resulta de no haber definido qué es lo que se entiende por mejor cuando se habla del hombre. No se puede negar que el régimen económico liberal ha permitido el triunfo de los más aptos y de los mejores en cuanto a la habilidad para apoderarse, en beneficio propio, el esfuerzo ajeno; y es juntamente a causa de la selección natural que en este sentido se ha producido que la moralidad, o sea, los valores espirituales del hombre, no deben ir a buscarse en la clase capitalista.

Los liberales se refugian también en la ciencia. Ellos sostienen que la ley de la oferta y la demanda es una ley natural, que no se puede contrariar y que, por lo tanto, han de fracasar todas las tentativas que pretendan impedir sus efectos y creen además que las doctrinas socialistas están en pugna con esa ley de la naturaleza.

Afirmación gratuita. La ley de la oferta y la demanda, es decir, la ley del desconcierto económico, no puede imperar sino en el régimen liberal. En el régimen socialista no hay oferta ni de-manda; hay sólo producción y consumo organizados. La nombrada ley impera, no hay duda, entre los animales salvajes y en el sistema capitalista.

Sólo un gobierno inspirado en los principios de que toda sociedad se establece para impedir que los más fuertes destruyan a los más débiles, de que la selección no debe hacerse por las condiciones de ambición y de que es su función impedir por medio de la regulación de la producción y del consumo, que ejerza sus funestas consecuencias la ley de la oferta y la demanda, puede orientar su intervención en la economía nacional en forma acertada y enérgica, para establecer la justicia y la equidad entre los hombres haciendo desaparecer las desigualdades irritantes.

El desconocimiento de estos principios ha llevado a los gobiernos que se han sucedido en el manejo de la República a hacer sólo el papel de espectadores, ejerciendo, a lo más, una acción esporádica y discorde, tomando medidas aisladas que no obedecían a un plan general y que, por lo mismo, nacían destinadas al fracaso.

Así lo hemos visto ir de tumbo en tumbo arrastrando al pueblo de la miseria a la desesperación. Todos los buenos propósitos se han estrellado con la falta de concepción del verdadero oficio económico del gobierno, pues se ha pretendido mantener el principio de la libertad desenfrenada de los individuos en este aspecto de sus actividades materiales.

En la hora presente corresponde a los gobiernos intervenir en la gestión económica, a fin de evitar las luchas entre los individuos, restablecer la justicia y la equidad en el sentido socialista y de regularla producción y el consumo en forma que garantice la existencia de todos.

En el programa económico del Gobierno, deben consultarse simplemente las tres finalidades fundamentales e inmediatas siguientes: ALIMENTAR AL PUEBLO, VESTIR PUEBLO Y DOMICILIAR AL PUEBLO, entendiéndose por pueblo el conjunto de los ciudadanos sin distinción de clases ni de partidos. Como finalidad económica para el porvenir debe tenderse a mejorar cada vez más, la forma en que se satisfacen las finalidades fundamentales y a simplificar y perfeccionar los procedimientos para obtenerlas evitando la fatiga y aliviando el trabajo de los hombres.

Para esto es necesario conseguir que los beneficios del trabajo nacional no vayan a agotarse estérilmente en el lujo y en la molicie de una clase privilegiada de la sociedad. El Gobierno debe impedir que el hambre, la desnudez y el desamparo hagan su presa en el pueblo. Esta debe ser la suprema ley económica del Estado contra la cual ninguna otra puede enfrentarse.

Todos los derechos individuales pueden ser conculcados y todos los privilegios abolidos, como en caso de guerra, cuando así lo exige la salvación del pueblo.

Para conseguir las finalidades anteriores, es preciso, pues, que el Gobierno tome las riendas de la producción y del consumo en tal forma que le aseguren el manejo de la economía nacional. En otras palabras, el Gobierno debe ser desde este punto de vista, UN GOBIERNO BASADO EN PRINCIPIOS DE JUSTICIA ECONÓMICA SOCIAL.

El Gobierno debe disponer de los medios necesarios para favorecer la producción y para regular el consumo. Para favorecer la producción es preciso facilitar el crédito y asegurar el mercado y regular el consumo es indispensable controlar los precios y fijar los salarios.

Todas estas finalidades pueden ser obtenidas mediante la acción combinada de tres órdenes de medidas gubernativas: las primeras encaminadas a dejar en manos del Estado el monopolio de la creación de los créditos; las segundas dirigidas a asegurar al Estado un control efectivo en las operaciones comerciales y, las terceras destinadas a capacitar al Estado para absorber el excedente de los brazos.

Las desastrosas consecuencias de la ley de la oferta y la demanda, sea en el crédito, sea en comercio, sea en el trabajo, podrán así ser contrarrestadas por la acción consciente y previsora del Gobierno, que estará especialmente encargado de evitarlas disponiendo las medidas adecuadas. Esa funesta ley que rige las relaciones animales debe ser desterrada de las relaciones sociales.

A fin de que el Estado llegue a tomar el monopolio de la creación de los créditos es preciso fundar el BANCO DEL ESTADO, el cual estaría destinado a fomentar la producción, a facilitar el comercio y asegurar el salario. Este Banco deberá finalmente absorber todas las operaciones de crédito, para lo cual sería preciso llegar a reconocer que la operación de crear un crédito a favor de un particular es una función social que no puede ser ejercida sino por la sociedad misma a través de sus organismos oficiales. Se desconocería por lo tanto, la capacidad legal de los particulares para concederlo, con lo cual se obtendría finalmente la suspensión de las deudas que en la actualidad colocan a algunos hombres en condición de esclavitud con respecto de otros. El crédito sería administrado por el Banco del Estado, en vista de su utilidad social, ya que para administrar una institución de Estado no puede considerarse el objetivo de la ganancia personal.

Para asegurar al Estado la intervención directa en el ejercicio de las operaciones comerciales deberá crearse una CASA DE COMERCIO DEL ESTADO que tome el comercio mayorista nacional y el comercio de exportación. La influencia de la Casa de Comercio del Estado será doble, en primer lugar, asegurará el mercado a los productores que ahora se encuentran abandonados a la indecisión de los precios a que han de colocar sus productos, circunstancia que es explotada por los comerciantes extranjeros; y, en segundo lugar, permitirá controlar los precios a que las mercaderías serán ofrecidas a los consumidores. Las exportaciones hechas por esta Casa de Comercio del Estado suministrarán las letras contra el extranjero, necesarias para cancelar sucesivamente los artículos de primera necesidad que deben importarse, los compromisos derivados de las deudas externas y aún las importaciones de artículos simplemente útiles.

El comercio será ejercido por la Casa de Comercio del Estado en vista del interés de la utilidad social del servicio prestado, sin atender a la ambición de la ganancia personal.

Finalmente, la fijación de los salarios por el Estado requiere la organización de las COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO, que permitan absorber el excedente de brazos si los hay. Será preciso organizar empresas del Estado para la construcción de obras públicas y para la explotación colectiva de las industrias mineras, agrícolas o fabriles cuyo trabajo sea amenazado por la inestabilidad a la iniciativa particular. En estas empresas se podrá siempre absorber el excedente de los brazos por medio de la limitación de las jornadas y se mantendrá el salario fijo a fin de intervenir en la determinación de la economía particular. La explotación de las Empresas del Estado se hará sin considerar la ambición de la ganancia, pues la utilidad de ellas estará en el mejoramiento general de la situación del pueblo.

Por medio de la acción enérgica y acorde de estas tres palancas de la economía general, el Gobierno logrará resolver el problema económico, es decir, hará desaparecer el hambre, la desnudez y el desamparo del pueblo.

La política económica que a grandes rasgos se ha esbozado, no implica realmente sino seguir conscientemente y en forma sistemática la tendencia que espontáneamente y en forma desordenada se viene manifestando a través de los hechos.

A medida que las actividades económicas se han centralizado, es decir: que su administración se ha concentrado en pocas manos, los directores de esas actividades han llegado a ser los árbitros de la existencia social y como ellos inspiran su conducta en la AMBICIÓN DE LA GANANCIA PERSONAL, establecen un yugo insoportable para la colectividad que sólo puede atender el INTERÉS DE LA UTILIDAD SOCIAL de los servicios prestados. Se origina entonces una lucha entre aquellos potentados y la sociedad; lucha dolorosa cuyas consecuencias estamos hoy día experimentando.

Los gobiernos políticos se han visto cada vez más compelidos a intervenir: por un lado, coartando la libre expresión de las opiniones y manteniendo una aparente tranquilidad por medio de la fuerza y, por el otro, frenando las ambiciones individuales, sea por medio de leyes especiales, sea creando organismos de Estado capaces de hacer la competencia.

En efecto, con respecto al primer punto, si miramos lo que pasa en Chile, vemos que el Gobierno, decretando el estado de sitio y obligando a la fuerza armada a impedir la manifestación de las opiniones, detiene el ímpetu ciudadano.

Con respecto al otro punto, encontramos, primero, que la administración de gran parte del crédito se halla ya en manos de instituciones del Estado tales como la Caja Nacional de Ahorros, las Cajas de Crédito y las Cajas de Seguro y Previsión y que aún los Bancos particulares se encuentran sometidos a la legislación correspondiente; segundo, que muchos servicios públicos, como ser la mayoría de los FFCC., de las aguas potables, de los puertos, etc.., son administrados por empresas de Estado y que los demás se encuentran sometidos a leyes especiales y, tercero, que aún en el comercio se inician con las oficinas de Aprovisionamiento, con los warrants y con la fijación de precios y de primas, la intervención del Estado.

Ha llegado pues el momento de acentuar sin temor la tendencia natural que lleva a la socialización de todas aquellas actividades económicas que estén suficientemente centralizadas, y cuya administración, en beneficio de determinadas personas, significa un privilegio para ciertos individuos y un peligro para la colectividad.

En Chile es especialmente fácil la realización de semejante política, sin perturbar el aumento progresivo de la producción y mejoramiento del consumo. Para conseguir el monopolio de la creación de los créditos por el Estado, bastará restituir a la Caja de Ahorros su capacidad bancaria, que le fue arrebatada en 1931 por el Gobierno bajo la presión de los banqueros particulares, instituyéndola en Banco del Estado. La Caja de Ahorros cuenta con 135 sucursales o agencias esparcidas a lo largo del país. En 1930 con 145 sucursales, más que todos los bancos juntos, llegó a controlar el 38% del movimiento de los créditos. Esto explica la alarma de los banqueros particulares. Además el Banco Central deberá transformarse en banco de emisión y de deposito del Estado, para lo cual es necesario reemplazar las acciones que actualmente poseen los Bancos particulares, Series B y C, por Bonos amortizables a crédito fijo.

Para organizar una CASA DE COMERCIO DEL ESTADO bastará dar capacidad comercial a los FF.CC.. del Estado, transformándolos en un gran comprador que tome el control del comercio mayorista. Deberá dotárseles lo más pronto posible de los materiales marítimos necesarios para hacer el comercio de exportación y cabotaje a cuyo fin se pueden asociar con los armadores nacionales. La empresa de FF.CC.. cuenta con todas las instalaciones de bodegas y galpones indispensables, con el mejor elemento de transporte de que aquí se dispone y con un personal competente y disciplinados; así es que su transformación en Casa de Comercio no demandará gasto de instalación y sólo muy poco personal técnico, por lo cual esa transformación podrá realizarse instantáneamente. Además, los FCC. no necesitarán capital propio para el ejercicio del comercio, pues ellos cancelarán a los productores con letras o cheques que se descontarán en la Caja de Ahorros y que estarán garantizados por los productos mismos. El material marítimo servirá para exportar el excedente de la producción sobre el consumo y para importar las diferencias y también para hacer el transporte de cabotaje cuando sea más económico que el transporte ferroviario.

Por miedo de la acción combinada de los precios de compra de la Casa de Comercio del Estado y de las facilidades de Crédito de los Bancos del Estado, será posible dirigir la producción orientándola en forma que cada región se dedique a las explotaciones fabriles, agrícolas o minera más apropiadas para ellas y más útiles para satisfacer las necesidades del país.

Para facilitar la formación de las COOPERATIVAS DE PRODUCCIÓN Y DE CONSUMO DEL ESTADO es necesario primeramente, reconocer que el Gobierno en vista de la subsistencia del pueblo afirma la obligatoriedad del trabajo reservándose el derecho de impedir la paralización y de reiniciación de la explotación de toda industria, sea fabril, agrícola o minera, cuya producción haya sido reconocida de utilidad pública, declarándolas Empresas del Estado bajo a supervigilancia del Gobierno. Además, deberá establecerse la obligación de las Compañías por acciones que se reconozcan de utilidad social, de destinar una fracción de sus ganancias a retirar del mercado de valores partes de sus acciones. Así estas empresas llegarán rápidamente a ser dueñas del 50% de sus propias acciones, y entonces serán también declaradas empresas de Estado bajo la supervigilancia del Gobierno. En esta forma se podrán convertir a la explotación colectiva, similares a la que actualmente tiene la Empresa de los FF.CC.. del Estado, gran parte de las empresas particulares; con lo cual el Gobierno estará en condiciones no sólo de absorber el excedente de brazos, sino también de fijar los salarios.

Por medio de la acción combinada de los precios de venta de la Casa de Comercio del Estado y de los salarios fijados por las empresas del Estado, se podrá determinar la economía particular en forma que el consumo de los diversos gremios en las distintas regiones sea el más adecuado para aquellos y el más conforme con la producción del país.

EL BANCO DEL ESTADO clasificará sus créditos en tres tipos generales, a saber: CRÉDITOS DE PRODUCCIÓN, CRÉDITOS DE CIRCULACIÓN Y CRÉDITOS DE CONSUMO. LOS CRÉDITOS DE PRODUCCIÓN se conceden a los productores y se subdividirán en: Créditos de Instalación y Créditos de Explotación. Los primeros destinados a producir o permitir la concentración de los capitales-riquezas, se retirarán a largo plazo, con garantía de la explotación. Los segundos, destinados a compensar las desproporciones pasajeras entre la producción y el consumo, se retirarán a corto plazo con garantía de los productos. Estos créditos serán cancelados por las mismas empresa productoras.

LOS CRÉDITOS DE CIRCULACIÓN se concederán a los comerciantes y se mantendrán vigentes mientras no se pongan en circulación las mercaderías pero, serán retirados cuando esas mercaderías se liquiden. Pero estos dichos créditos son a plazo indeterminado. Y serán garantizados por las mismas mercaderías y serán cancelados por los comerciantes.

LOS CRÉDITOS DE CONSUMO se concederán al pueblo y se dividirán en créditos de domicilio y en créditos de subsistencia. Los Créditos de domicilio serán retirados a largo plazo y tendrán por objeto instalar los domicilios del pueblo. Los Créditos de Subsistencia estarán destinados a suplir las desproporciones transitorias entre el consumo y la producción de los individuos y se retirarán a corto plazo. La cancelación de los primeros se harán por los mismos trabajadores mientras estén en producción, con garantía de los salarios; y, la cancelación de los segundos y también la de los primeros, cuando los trabajadores no estén en producción, se harán por colectividad por medio de contribuciones especiales de cesantía, con garantía de la riqueza privada. La industria, sea fabril, agrícola o minera, tiene por objeto proveer a las necesidades de subsistencias y domicilio del pueblo; entendiéndose por subsistencia la alimentación y el vestuario. El empleo de la máquina debe tener por objeto evitar la fatiga de los hombres.

Toda empresa estará obligada a proveer las necesidades de una cuota.

Determinada de población. Para hacer efectivo el cumplimiento de esta obligación, por parte de las empresas particulares, se establecerá la contribución de cesantía.

De acuerdo con esta contribución, cada empresa pagará una anualidad fija por cada habitante de menos que ella mantenga respecto de la cuota que le corresponde en la economía nacional, cuota que le será asignada en proporción del capital y de la utilidad social de la función. Por lo tanto, esta contribución se reducirá en relación con el número de habitantes que cada empresa mantenga. Esta contribución hará desaparecer la cesantía y además contribuirá a solucionar el problema de la mantención del pueblo; pues las empresas estarán interesadas, para conseguir la rebaja de la contribución, en completar las cuotas de habitantes que les corresponden.

Las ventajas que hoy día obtienen las empresas con la ocupación de los empleados solteros se compensarán con la disminución de pago de la contribución empleando operarios con familias. Las remuneraciones de los hombres casados o con familias a su cargo tenderán espontáneamente a ser mayores que de los solteros. En esta forma se soluciona no sólo el problema de la manutención de los hombres activos, sino también la de la manutención las mujeres, de los niños y de los ancianos.


REIVINDICACIONES INMEDIATAS


El deber del Estado de proveer a la subsistencia del pueblo lo obligaría, desde luego, mientras se hacen sentir los efectos del programa económico que se ha expuesto, a recurrir al crédito de subsistencia para requisar los artículos de consumo de primera necesidad, tanto de alimento como de vestuario, que hoy día mantienen acaparados los comerciantes o productores con la esperanza de hacer una injusta ganancia por las diferencias de precios. Esos artículos serían repartidos gratuitamente a las familias y a las personas indigentes por intermedio de los propios sindicatos y gremios obreros.

La obligación del Estado de dar domicilio al pueblo engendra ínter tanto, mientras su plan de domiciliación no está realizado, el deber de suspender los lanzamientos. Para no perturbar la circulación de la economía se recurrirá desde luego en los recintos urbanos, al crédito de domiciliación, para liberar a los actuales deudores de sus compromisos atrasados de arrendamiento y para rebajar el 50% de los cánones actuales. Finalmente, el crédito de domiciliación popular, permitirá con la garantía del Estado transformar a los actuales ocupantes de domicilios urbanos en propietarios de ellos. En los recintos rurales se reconocerá inmediatamente a los actuales inquilinos la propiedad de sus posesiones, situación que se mantendrá hasta que el Estado le proporcione el domicilio de acuerdo a su plan de reforma agraria. Por tanto, en breve plazo, con la ayuda del Estado, se verán los trabajadores del campo y de la ciudad en posesión de sus domicilios.

Los Créditos Extraordinarios de subsistencia y domicilio de que el Gobierno tendrá que hacer uso para satisfacer las reivindicaciones inmediatas del pueblo, serán retirados por medio de contribuciones especiales garantizadas con la fortuna privada (2).

La realización del plan económico anterior requeriría la concentración, en un solo Ministerio, de las actividades correspondientes. Este MINISTERIO DE ECONOMÍA NACIONAL tendría dos Subsecretarías de Producción y de Consumo, tres Direcciones Generales: del Crédito, del Comercio y del Salario; y, dos Departamentos, de Estadísticas y de Control.

Medite el país sobre las ideas que exponemos para solucionar en forma efectiva el más grave de los aspectos de la vida nacional. Los momentos que vive la República son para soluciones inmediatas; ya no hay tiempo que perder en estudios dilatorios. Necesitamos enfocar la naturaleza, gravedad y trascendencia de nuestros problemas fundamentales a través de un criterio nuevo, conforme con las realidades vivientes del ciclo histórico en que estamos.

La obra de transformación constructiva de la República no puede ser la acción de unos pocos; es indispensable la colaboración de todos los hombres de buena voluntad. A estos nos dirigimos para que compenetrados de los principios salvadores que exponemos, contribuyan con nosotros a la formación de la conciencia social y a la realización, a breve plazo, de todos los puntos de este PROGRAMA DE ACCIÓN ECONÓMICA INMEDIATA, que habrá de traer la liberación material, social y espiritual de la República.


REIVINDICACIONES INMEDIATAS


1.- El crédito debe ser monopolizado por el Estado en beneficio de la colectividad para evitar la explotación de los que trabajan por el capitalismo.

2.- El Gobierno no aceptará paralización de las actividades de la producción, por lo tanto, ninguna empresa, nacional o extranjera, podrá sustraerse a pretexto de resguardar el interés o la ganancia del capital, del cumplimiento de la obligación que tiene de contribuir con su producción a la solución del problema económico. Se pondrán, en consecuencia, en marcha las oficinas salitreras que se estimen conveniente y que están hoy día paralizadas.

Se intensificará el trabajo de las faenas fabriles y mineras que estén paralizadas o que hayan limitado su producción, declarándolas empresas de interés nacional.

3.- El Gobierno reconoce su obligación de controlar el comercio interno y externo tomando en cuenta únicamente el interés social.

En consecuencia, en sus relaciones con los mercados extranjeros, tenderá a liberar la economía chilena del yugo del capitalismo extranjero y del capitalismo nacional al servicio del imperialismo.

El Gobierno procederá de inmediato a tomar por su cuenta las importaciones de azúcar, petróleo, bencina y demás artículos de primera necesidad. Para que el Gobierno tome inmediatamente el control del comercio interno, procederá a exigir de las casas nacionales y extranjeras la declaración de sus existencias de artículos de primera necesidad, a fin estar en condiciones de asegurar la subsistencia normal del pueblo.

4.- El Gobierno reconoce como uno de los deberes fundamentales asegurar la subsistencia de cada uno de los individuos de la colectividad, usando todos los medios de que dispone el país.

El Gobierno hará efectiva la obligatoriedad del trabajo para que cada cual disponga del poder adquisitivo suficiente.

Mientras se organiza la economía en forma que el Gobierno pueda cumplir su obligación de asegurar trabajo para todos, se adoptarán las medidas necesarias para dar al pueblo ALIMENTO, VESTUARIO Y VIVIENDA.

Se intensificará, bajo el control de las organizaciones obreras, el reparto de víveres, utilizando también el personal y los elementos de movilización y de preparación de que dispone el Ejército.

Mientras el Gobierno pueda cumplir su obligación de dar domicilio a toda persona, asegurará la vivienda al que hoy no tiene con qué pagarla. En consecuencia se suspenderán todas las órdenes de lanzamiento y se arbitrarán las medidas para liberar a los arrendatarios de sus deudas atrasadas y para rebajar los cánones.

5.- El Estado reconoce que la propiedad tiene una finalidad social y que, en consecuencia, sólo puede ser ejercida teniendo en vista los intereses de la colectividad.

Para evitar la injusticia que significa la desigualdad repartición de la riqueza se modificará el sistema tributario gravando las grandes rentas. Mientras esta modificación se realiza se impondrá desde luego un impuesto extraordinario y progresivo a las fortunas superiores de un millón de pesos.

6.- A fin de evitar entorpecimientos a la realización de este programa inmediato de reivindicaciones se procederá a la disolución del Congreso y de toda sociedad que coarte la libertad de acción del Gobierno.



NOTAS


(1): En la fotografía aparecen algunos de los ministros de la Junta de Gobierno de la República Socialista, mientras prestan juramento al asumir el cargo, en ella podemos distinguir a Carlos Alberto Martínez (Min. de Tierras y Colonización); Luis Barriga Errázuriz (Min. de Relaciones), Pedro Fajardo (Min. de Justicia); don Alfredo Lagarrigue (Min. de Hacienda), don Óscar Cifuentes (Min. de Bienestar Social) y el miembro de la Junta y representante de la NAP, don Eugenio Matte Hurtado. La imagen es la contraportada de la Revista "El Nuevo Sucesos" del 7 de junio de 1932. (Colección Biblioteca Nacional).

(2): Aquí se interrumpe el PLAN SOCIALISTA de Lagarrigue, que publica «Cuadernos de la Economía Mundial», n° 8 p. 14-28. Santiago: Imprenta Ferrarlo, 1932.



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